Por: Andrea Larios Campos*

El 18 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial, una fecha que destaca el derecho de todas las personas a recibir una remuneración igual por trabajo de igual valor. Desde 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que hombres y mujeres deben recibir el mismo salario no solo por trabajos iguales o similares, sino también cuando realizan trabajos diferentes, pero de igual valor. Aunque esta es una demanda histórica del movimiento feminista[1], aún persisten profundas desigualdades estructurales que obstaculizan el acceso de las mujeres a una remuneración justa.

En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales a labores domésticas y de cuidado no remuneradas, lo que limita su participación en el mercado laboral formal en condiciones de igualdad. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, esta carga de trabajo, sumada al empleo remunerado, implica que las mujeres trabajan 6.2 horas más que los hombres cada semana.

Es fundamental que, para reducir la brecha salarial, el Estado invierta en servicios de cuidado y protección social accesibles y de calidad, como guarderías, centros de atención para personas mayores y servicios de salud. Estas inversiones contribuirían a redistribuir y reducir la carga de trabajo de cuidados que recae desproporcionadamente sobre las mujeres, y generarían empleos formales en un sector históricamente desvalorizado.

Para que esto sea posible, es necesario que la política fiscal sea replanteada desde una perspectiva feminista y de derechos humanos, y sea utilizada como un mecanismo para combatir las desigualdades estructurales, que reconozca los aportes del trabajo de cuidados para el funcionamiento de la economía y la sociedad y que ponga el bienestar de las personas, la sostenibilidad de la vida y el medio ambiente al centro[2].

Desde Fundar hemos señalado que avanzar hacia una política fiscal feminista implica, entre otras cosas, diseñar un sistema tributario que sea verdaderamente progresivo, eliminando privilegios fiscales y asegurando que quienes tienen más ingresos y riqueza, paguen más impuestos. Además, es esencial recuperar los recursos públicos que se pierden a través de paraísos fiscales y otras prácticas de abuso fiscal, para destinarlos a servicios de cuidado y protección social.

Una tributación feminista se traduciría en más dinero público que debería dirigirse a financiar la economía del cuidado y la protección social. Esto contribuiría en gran medida a que las mujeres alcancen su autonomía económica, la cual es esencial para que ejerzan plenamente sus derechos, al permitirles generar ingresos propios, controlar sus recursos y tomar decisiones sin depender económicamente de otras personas. Sin embargo, la ausencia de políticas que reconozcan, redistribuyan y reduzcan las tareas de cuidado, así como la prevalencia de estructuras patriarcales y normas culturales que perpetúan los roles de género tradicionales, ocasiona que los impulsores de la brecha salarial se refuercen[3].

Este Día Internacional de la Igualdad Salarial, hacemos un llamado a repensar la economía y la fiscalidad desde una perspectiva feminista, de derechos humanos y de justicia social. Financiar las inversiones necesarias en la economía del cuidado a través de un sistema fiscal justo no solo ayudará a cerrar las muchas brechas de género, incluida la brecha salarial, sino que también contribuirá a fortalecer la autonomía económica de las mujeres y a avanzar hacia una sociedad basada en el cuidado de las personas y el medio ambiente.

*Andrea es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.

[1] Es importante mencionar que también existen críticas desde las teóricas de la economía feminista respecto al salario y su rol en el mantenimiento de la división sexual del trabajo. Para conocer más sobre este abordaje, se recomienda leer a Silvia Federeci y su libro El Patriarcado del Salario.

[2] Recomendamos leer el informe de la CEPAL titulado “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género” donde se propone un modelo de sociedad centrado en el reconocimiento, redistribución y reducción del trabajo de cuidados, destacando la necesidad de políticas públicas integrales que promuevan la igualdad de género, la autonomía económica de las mujeres y el bienestar social mediante la inversión en servicios de cuidado y protección social.

[3] Como menciona la OIT, existen aspectos observables y otros no observables para explicar la brecha salarial de género. Si bien la capacitación y educación son algunos de los medibles, la discriminación en razones de género no lo es, por lo que es necesario que también se promueva un cambio cultural respecto a la valorización del trabajo femenino.

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